Los árboles no solo embellecen las calles y regalan su alivio en medio del calor del verano: de cara al cambio climático, la cubierta verde urbana cumple servicios ambientales estratégicos al ser capaz de capturar dióxido de carbono, brindar oxígeno, filtrar partículas contaminantes, mitigar inundaciones y contrarrestar el efecto “isla de calor” de las ciudades, motivos para proteger al máximo el tesoro que todo ese follaje implica.
Pero ese no pareciera ser el caso de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que el distrito cuenta con un Plan Maestro de Arbolado (que data de 2013), una ley de arbolado público urbano (la 3.263) y un abultado presupuesto (2.500 millones de pesos es el monto de la última licitación del servicio de mantenimiento integral del arbolado público).
¿Qué falla? Según algunos expertos la política de arbolado urbano de la ciudad no está enfocada en preservar el follaje que hoy existe, sino sobre todo en mitigar los problemas de los árboles que interfieren con el entramado urbano. Eso se nota más que nada en las “podas masivas”, en las extracciones de árboles añosos que podrían tener remedio, en la demora en plantar nuevos árboles en las planteras vacías y en el escaso cuidado que se les brinda a los ejemplares jóvenes. En ese sentido el caso más dramático es el que se vivió en el flamante Paseo del Bajo, donde en menos de dos años se secó el 70 por ciento de los árboles que habían sido plantados en los canteros centrales del corredor.
Pequeña guía para ciudadanes
“Los árboles en realidad no necesitan ser podados”, arremete Guillermina Brushi, integrante del colectivo Basta de Mutilar Nuestros Árboles y vecina de Villa Santa Rita. “Cada árbol tiene cierta ‘arquitectura’ por la cual las ramas se compensan entre sí. Por eso los bosques no se podan”, explica. “Claro que en las ciudades eso no es posible –reconoce-. Y para que una rama no tape un semáforo, o se meta adentro de una casa, o caiga sobre un auto, es que deben hacerse podas puntuales y siempre justificadas por profesionales”.
La ley establece que antes de cualquier intervención sobre el arbolado público debe llevarse a cabo una evaluación técnica en la que se defina el tratamiento que se dará a cada ejemplar. También exige que el personal que ejecute las tareas de evaluación técnica, plantación, poda, trasplante o tala sea idóneo, esté capacitado y se certifiquen sus competencias.
“Tampoco es cierto que la poda se tiene que hacer sí o sí en invierno –señala Brushi-. No tendría que hacerse cuando el árbol está brotando o se le están cayendo las hojas, pero la poda estival sí existe. Las buenas prácticas indican que en verano no hay que podar más del 10 por ciento del follaje, y en invierno no más del 25. En cuanto a las ramas, las que se podan no debieran tener más de diez centímetros de diámetro”.
Una vez podado el árbol debe “generar corteza” hacia ese corte: si éste es demasiado grande es posible que no lo logre, y por lo tanto se pudra. Otra cosa importante es que los vecinos no pueden podar los árboles (de hecho constituye un delito), y que no corresponde solicitar la poda o retiro de un árbol si está en buen estado, ni tampoco poda por razones como que los árboles ensucian la vereda, provocan alergias, tapan la luz o impiden ver carteles privados.
La ley es clara al expresar que antes de talar un árbol debe priorizarse, si existiera, el tratamiento para recuperarlo. Según los expertos esto no es tenido en cuenta ni por los inspectores ni por las comunas, que son las que administran el presupuesto de poda y extracciones.
“El arbolado porteño ha sido muy maltratado. Al podarlos, y encima podarlos mal, los árboles se van deteriorando. La política tendría que ser la de preservar follaje y cuidar los árboles añosos que por su porte son irremplazables. Pero en cambio se hacen podas por corredor, cuadras y cuadras por donde va pasando la motosierra para que las empresas contratadas puedan facturar”, concluye Brushi.
Su reclamo no es un grito aislado: ya en 2017 la abogada Claudia Heras presentó un amparo contra la tala indiscriminada de árboles, lo que dio lugar a una medida cautelar que fue apelada por el gobierno porteño hasta que en febrero pasado el Juzgado del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario número 13, a cargo de Guillermo Scheibler, suspendió todo tipo de actividad de poda y tala de árboles “salvo intervenciones excepcionales”. Pero el gobierno volvió a apelar la medida.
Vínculos Vecinales se puso en contacto con el área responsable: la respuesta fue que el ejecutivo porteño “no está poniendo vocero por el tema arbolado”.
“Lo que quiere la gente”
Mariana Kameniecki es técnica en floricultura y producción orgánica y durante años trabajó como inspectora de arbolado urbano. A partir de haber plantado un talar en la puerta de su casa en Villa General Mitre empezó a dedicarse informalmente a plantar nativas en el barrio, tarea que suele difundir en el Instagram @reinaplantula.
“Dentro del área de arbolado urbano porteña hay gente con formación, pero las que terminan llevando adelante la tarea son tercerizadas que cobran por árbol podado y muchas veces podan de más”, sostiene. “Algunas cosas podrían planificarse: esa rama enorme que hoy se mete por una ventana en algún momento fue chiquita y podía podarse con una simple sierra”, precisa y denuncia que en ocasiones es la misma ciudad la que tapa las planteras y que a los árboles nuevos “no se los cuida”.
Si bien el discurso del gobierno porteño tiende a apoyarse en que las podas y extracciones responden al “pedido de la gente”, Kameniecki advierte que “lo que llaman ‘la gente’ no existe: somos una comunidad diversa que tiene diferentes miradas sobre nuestro patrimonio, porque el arbolado es finalmente patrimonio de la ciudad. Y es verdad que hay vecinos que no quieren los árboles, pero la mayoría a su manera los cuida. Es gratificante plantar y que se emocionen por cada hojita nueva”.♦