“Los derechos no se piden, se tienen”

Para los desprevenidos vale la pena aclarar que no se trata de algo así como “abogados gratis”. Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia de la Nación son, como su nombre lo indica, oficinas en las que el término “Justicia” se entiende en un sentido amplio, y entonces quienes ahí trabajan ofrecen servicios de atención legal primaria gratuita en un amplísimo abanico de temas que incluye -por nombrar solo algunos- familia, documentación, violencia de género, trabajo esclavo, salud y educación.

Hay 86 de estas oficinas en todo el país, y una de ellas está en el barrio de Floresta, concretamente en el Espacio de Memoria “Automotores Orletti”, en Venancio Flores 3519. Arrancaron a trabajar en 2011, y desde entonces y hasta mediados del año pasado venían funcionando en All Boys con un equipo integrado por un coordinador, un abogado, un psicólogo y mediador, una trabajadora social y una administrativa. Ellos mismos prestan servicios ahora en Orletti.

Varias son las notas sobresalientes en el funcionamiento de los CAJ. Las personas se acercan ahí ante un problema que en principio puede parecer solo legal, pero también suele tener ribetes vinculados con otras cuestiones (por caso vivienda o salud). De ahí que lo que se busca es brindar un asesoramiento integral.

Trabajan en tándem con muchísimas oficinas del Estado -como ANSES, el RENAPER y el Ministerio de Salud- y jamás “patean” al consultante, sino que lo derivan y realizan un seguimiento a fondo hasta constatar que su problema encuentra de verdad un cauce de solución.

“Claro que no garantizamos el éxito en un juicio, pero sí que las personas tengan conocimiento de las leyes”, explica el mediador Guillermo Del Valle. “Y tampoco significa que demos patrocinio legal -aclara-, lo que no quita que si es necesario somos capaces de conseguirlo en todas las materias, ya que articulamos con diversas instituciones y también con la red federal de patrocinio legal. Pero no es la principal función que tenemos, sino un recurso más”.

Si bien el de Floresta tiende a recibir consultas de los habitantes de las comunas 7, 10, 11 y 15, sus responsables aclaran que pueden atender a cualquier persona de cualquier lugar del país. “La gente puede acercarse de lunes a viernes de 9 a 15 y no hace falta pedir turno”, marca el coordinador Hernán Tosca, y hace hincapié en el hecho de que casi siempre trabajan con personas vulnerables. “Esa vulnerabilidad hoy la veo en los jubilados, en las personas que están en una situación de pobreza extrema, en las mujeres que sufren violencia de género, en los adolescentes y en los chicos”.

El equipo atiende cerca de 250 consultas mensuales entre las que se cuentan cuestiones relativas a inquilinatos, problemas de comunidades extranjeras, precarización laboral en los trabajadores textiles y muchísimo vinculado a programas sociales.

“Lo más invisibilizado es la violencia contra los chicos”, advierte Tosca. Desde el CAJ articulan con la Dirección de Orientación al Habitante (que va allí mismo los viernes), con la cual pueden a veces tramitar subsidios habitacionales. Se hacen las gestiones para que las personas puedan acceder a un documento o tramiten la Asignación Universal, con lo cual -explica el coordinador- “pueden salir de esa vulnerabilidad total”.

Además de la atención en Orletti, los lunes de 10 a 12 están en la Casa del Futuro (Beiró 3945, en Devoto) donde escuchan casi exclusivamente a adolescentes. Y los miércoles de 11 a 13 en la Fundación Esperanza de Vida, frente a la cárcel de Devoto. Ahí reciben a los familiares (más que nada mujeres) de los detenidos en el penal, por lo general por cuestiones que tienen que ver con su situación procesal.

La mediación como camino

Hace unos años un jubilado se acercó al CAJ relatando que había sido estafado telefónicamente. Una empresa le había vendido una suerte de “plus” para el seguro de su auto, para lo cual durante un período de cinco años le descontarían 800 pesos por mes de su jubilación mínima. Desde el CAJ citaron a esa compañía, explicándoles que no eran abogados del demandante, sino solo los mediadores.

“Lo que se intenta en una mediación es justamente que las personas logren ponerse de acuerdo, encontrar un ámbito en el que se escuchen”, precisa Del Valle. Los representantes de la empresa se presentaron y llevaron incluso la grabación de la conversación telefónica, de la cual se terminó desprendiendo que el jubilado no comprendía lo que se estaba contratando. Finalmente se logró un acuerdo a través del cual el contrato se dio de baja y los importes retenidos se devolvieron.

Tosca enfatiza en el hecho de que el acceso a la justicia es un derecho humano básico contemplado en casi todos los tratados internacionales que en la Argentina ratificamos en nuestra Constitución. “Hay algo clave, y es que la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad no viene acá a pedir nada, sino a ejercer un derecho.

Nosotros no ‘ayudamos’, solamente les explicamos cuáles son los derechos. Y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos, y que de no hacerlo puede enfrentarse a sanciones internacionales”.

“Este lugar en el que estamos fue un sitio de exterminio y violación de todo tipo de derechos, y luego funcionó como un taller clandestino. Por eso, para nosotros trabajar acá haciendo conocer los derechos que las personas tienen es también importante desde lo simbólico”, sostiene, y concluye: “Los derechos no se piden, las personas los tienen”.