La plaza es el espacio público por excelencia, el lugar donde la gente conversa y los chicos juegan, donde se materializa un encuentro del barrio que la mayoría de las veces -idealmente- aparece al margen del mercado. Cualquiera puede entrar a la plaza, aunque por supuesto hay plazas y plazas. Y en particular las de las comunas 10, 11 y 15 se han visto en estos últimos tiempos transformadas en territorio de asambleas, escenario de ciudadanos movilizados a fuerza de distintas causas que en algún punto podrían entenderse como individuales –“van a construir 11 torres de 50 metros y me van a tapar la luz”, “ya no puedo pagar las tarifas”, “saqué un crédito UVA y ahora me van a desahuciar”-, pero al mismo tiempo son factibles de pensarse, gestionarse y sobre todo lucharse en conjunto, en la calle y codo a codo.

Las UVAS de la ira

En abril de 2016 el gobierno de Mauricio Macri lanzó un programa de créditos con base en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAS”), que en seguida empezaron a ser promocionados como una posibilidad real de acceso a la casa propia. El problema fue que, a contramano de lo que auguraban las autoridades, la inflación terminó por convertir las cuotas en una carga insoportable para aquellos que habían podido acceder a estos créditos. Así fue como buena parte de los damnificados se dispuso a crear el año pasado “Hipotecados UVA Autoconvocados”, un colectivo que entre otras cosas viene peleando por un proyecto de ley de emergencia que proteja a las 170 mil familias que a lo largo y ancho del país afrontan esta angustiosa situación.

El último 11 de mayo representantes del grupo se presentaron para contar de su lucha y cosechar apoyos en la plaza Banderín de Chivilcoy y Camarones, en Floresta. “Fuimos estafados por estos créditos, porque las condiciones cambiaron y ahora estamos peleando para poder pagar nuestras casas. No tenemos que olvidar que la vivienda es un derecho. Y la casa podrá valer más en pesos, o en dólares, pero nosotros vivimos de nuestro salario. Nunca quisimos hacer un negocio”, abría el juego Paola Gutiérrez, integrante del colectivo, micrófono en mano. La gente empezaba a juntarse alrededor del grupo para escuchar o hacer preguntas. “Levante la mano quién conoce a alguien que se haya ilusionado con estos créditos”, arengaba otro de los participantes. El economista Federico Pastrana, que trabajó en el proyecto de ley de emergencia UVA, enfatizó en que es el Gobierno el que debería recalcular, dado que el sistema no funciona con una inflación del 55 por ciento. “La cuota no puede crecer con la inflación, tiene que crecer con la inflación en ciertos momentos y con el salario en otros. Porque cuando la inflación sube mucho la gente no puede pagar, va a terminar vendiendo sus casas y eso no le conviene a nadie. Eso no es política de vivienda”, destacó el profesional del centro de estudios de economía Centro Periferia a la par que explicó que la nueva normativa que están peleando tiene que ver con cambiar el índice, “pero también con suspender desalojos y abarcar situaciones complejas en un momento de crisis”.

Tarifas y angustias

Una semana antes, en la plaza Aristóbulo del Valle de Villa del Parque -Cuenca y Marcos Sastre-, cerca de cien personas convocadas por la Multisectorial de la Comuna 11 se dieron cita con la idea de debatir y consensuar propuestas para una ley de emergencia tarifaria. Esa misma actividad se fue repitiendo en distintos puntos de la ciudad a partir de una iniciativa que también nació en las calles: los “ruidazos”. “Con la mayoría de ustedes nos hemos conocido ahí, nos reconocimos peleando contra estas tarifas que consideramos una estafa”, inauguró la asamblea Oscar Leguizamón, vecino de la Comuna 11 y uno de los impulsores de la Multisectorial. Un rato más tarde, y en un relato descarnado, la integrante de Caritas Cristina Ponsuto contó que desde hace un año y medio están acercándose a la institución familias “que ni sabían que Cáritas existía, que no estaban acostumbradas a pedir y que hoy no pueden pagar el gas ni la electricidad”.

“Si pasáramos a la cuota social el incremento de 5 mil por ciento de las tarifas me quedo solo en el club”, advertía el presidente de Ciencia y Labor Pablo Salcito. “Así que la vamos piloteando, ampliamos la base y sumamos actividades. Pero esto también repercute en las familias. Ahora son las cinco de la tarde -señaló- y se están jugando partidos de la liga que antes eran una fiesta, porque cada chico llevaba a toda la familia. Ahora uno solo puede pagar la entrada mientras los demás se quedan afuera. Nos resta seguir fatigando despachos y reuniéndonos entre nosotros en tanto esperamos llegue otra etapa en la que los clubes sean valorados como lo que son: grandes centros de inclusión”.

Su colega del Club Villa Mitre Pablo Saieg reveló que esa institución paga hoy 35 mil pesos de luz -en 2015 pagaban 6 mil-. Y agregó: “Hasta el 2015 estábamos viendo todo el tiempo cómo mejorar el club, cómo crecer ediliciamente para tener más espacio y sumar actividades. Nosotros ya no discutíamos a principio de año a quién teníamos que becar, porque nadie pedía beca. Al contrario, veían cómo participar, había mucha motivación. Ahora discutimos a quién vamos a becar y a quién no. Mi generación es la de los hijos de la película Luna de Avellaneda, los que aprendimos a gestionar y a involucrarnos en política desde el desastre. Volvimos a discutir cosas que discutíamos en 2001 y eso me desmoraliza -concluyó-, pero también me genera más ganas de participar”.

El 18 de mayo el sol rodaba por Chorroarín mientras el parque La Isla de La Paternal -el mismo que el gobierno de la ciudad usó tantas veces para promocionar la belleza de esta ciudad- se llenó de vecinos que contra viento y marea siguen sosteniendo con la fuerza de la convicción su “no a las torres”. Es que la Legislatura -con mayoría del oficialismo y los votos en contra de toda la oposición- votó en abril pasado una norma que habilita a construir en esa zona once edificios de 17 pisos. El parque central -hay que aclararlo- se mantendría como espacio público, pero completamente rodeado de torres y comercios. Y eso es justamente lo que los vecinos denuncian: una completa, escandalosa y atropellada masacre ambiental.

Ese sábado los integrantes del colectivo barrial “No a las torres en la Isla de La Paternal” organizaron un festival que incluyó vacunación de mascotas, yoga y plantación de nativas. Ahí mismo contaron en asamblea que aún esperan la respuesta por el proyecto alternativo que presentaron -que también prevé la construcción de edificios, pero de 9 metros en vez de 48 y solo en el sector sur- y denunciaron que detrás del proyecto existen intereses económicos enormes representados en principio por Sadia Empresa Constructora, pero avalados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Valentina Bari, integrante del colectivo, viene dando esta pelea desde 2006 y señaló que más allá de la ley recientemente aprobada se sigue dando lucha y no se descarta la vía judicial. “El proyecto implica un impacto muy fuerte sobre todo el predio”, advirtió, en tanto uno de sus compañeros describió cómo se vería interrumpido el corredor biológico que une Agronomía con Chacarita y Palermo. “Estamos en un momento en el que es muy importante fortalecer la lucha, sabemos que estamos peleando con un enemigo voraz”, advirtió la comunera por Unidad Ciudadana Camila Rodríguez. “Lo único que nos va a permitir sostener la defensa de este espacio es que nos sigamos reuniendo y sumando voluntades. Estas peleas que parecen tan desiguales son las que se ganan con convicción y con el corazón. Podemos ir por la vía judicial, pero no hay nada que pueda reemplazar esto. No hay nada capaz de igualar la potencia de esta lucha”. ♦

* Foto de portada: 4 de mayo a la tarde en la plaza Aristóbulo del Valle de Villa del Parque: la asamblea convocada por la Multisectorial de la Comuna 11 busca consensuar propuestas para una ley de emergencia tarifaria.