Mientras el verano va de a poco comiéndole hojas al calendario, en la Comuna 10 – más precisamente en los barrios de Floresta y Monte Castro- crece la expectativa por el destino que tendrá el predio del “ex Rocca”, ubicado en la manzana de Segurola, Juan Agustín García, Sanabria y Elpidio González. El ex Instituto de Recuperación y Clasificación de Menores Manuel Rocca, que había empezado a funcionar como escuela en 1928, fue definitivamente cerrado en 2016. Desde entonces el espacio está ocioso hasta tanto los legisladores porteños decidan cuál será su futuro.

Por lo pronto el próximo 10 de marzo a las 16 horas tendrá lugar en la Legislatura una audiencia pública para debatir posibilidades y escuchar argumentos a favor y en contra de la propuesta del Ejecutivo porteño, que ya tiene “primera lectura” (una primera votación) entre los legisladores y que busca vender el inmueble para destinar ese dinero a la construcción de un centro de reinserción educativa en el barrio de Flores.

El 5 de diciembre, sobre el filo del cierre de sesiones, este proyecto fue votado en esa primera lectura por la “mayoría automática” con la que entonces contaba el oficialismo. De acuerdo a la Constitución de la Ciudad una segunda votación -siempre antecedida por audiencia pública- resulta obligatoria para cualquier desafectación de bienes de dominio público.

El caso es que el año pasado también se presentó para el Rocca otro proyecto que la Legislatura nunca discutió. Se trata del de las legisladoras del Frente de Todos Lorena Pokoik y Paula Penacca -hoy diputada-, cuya meta es crear un polo educativo en el que funcione una escuela infantil de nivel inicial, otra primaria y un colegio secundario, todas de gestión estatal.

Por lo pronto se prevé que la segunda votación del proyecto del Ejecutivo -tras la que se sabrá si prospera o no la venta- tendrá lugar en marzo, aunque en una Legislatura que tras las últimas elecciones muestra una composición diferente a la que tenía en diciembre: si bien Vamos Juntos y sus aliados siguen conservando la mayoría de las bancas, no alcanzan los dos tercios que se necesitan para aprobar la venta de inmuebles de la Ciudad.

De ahí que, de lo que suceda en la audiencia pública -de la cantidad de voces que convoque, de los argumentos que se esgriman, del “ruido” que haga en la opinión pública- dependerá el futuro del predio, y de alguna forma también el de todo el barrio.

La esperanza, intacta

“Venimos pidiendo más escuelas que garanticen las vacantes para todos, donde más faltantes hay es en el nivel inicial”, empieza a explicar Mariano Fernández, docente e integrante de la Mesa Participativa de la Comuna 10 “El Rocca es del barrio”, un frente formado por organizaciones sociales, integrantes de las asambleas barriales, miembros del Consejo Consultivo, grupos de abogados y actores de la cultura cuyo norte es luchar para que en vez de convertirse en torres de departamentos el ex Rocca sea un polo educativo.

“Hicimos una primera reunión el 14 de enero en la Biblioteca Ranqueles y ahora vamos a organizar una segunda. La idea es salir a contarle al barrio, a los vecinos y a los comerciantes cuál es la situación. Juntamos 500 firmas, queremos hacer volantes, pegar carteles en los comercios, armar una radio abierta, salir a tocar timbres, traer incluso a la murga Mala Yunta y convocar a que la mayor cantidad de vecinos pueda estar en la audiencia pública del 10 de marzo”, agrega. Si bien la audiencia no es vinculante, se trata de una oportunidad para que la cajoneada propuesta de Pokoik y Pennaca logre visibilidad.

Según Fernández hay abiertos varios frentes de batalla. “Una posibilidad es que el predio vuelva a Nación, pero es algo poco probable. A la vez estamos estudiando la parte legal, porque el inmueble fue donado por Manuel Rocca con la condición de que se instalara ahí una institución educativa”, explica el docente que además integra el Foro por la Educación Pública de la Comuna 10. El legado de Rocca -tal como relató Vínculos Vecinales en el extenso informe publicado el pasado diciembre- es lo que se conoce como “legado con cargo”, que en este caso implica que las tierras se usen con fines educativos.

“Si donde funcionó el Instituto Rocca se construyeran edificios destinados a vivienda y no a educación, los herederos del benefactor podrían demandar la revocación del legado”, precisaba la nota escrita por el abogado José Miguel Braceras. “Nosotros tenemos dos objetivos. El primero es frenar la venta, y después promover el polo educativo -advierte Fernández-. Porque si no frenamos la venta no va a haber polo educativo”.

Verónica Zunino, también docente e integrante de la Mesa, se muestra cauta pero optimista. “Hace diez años participé de todos los abrazos que se hicieron por el polo educativo de Mataderos. Entonces la batalla parecía imposible: a veces éramos diez pintando un mural. Una década después vemos ese polo educativo en funcionamiento”, dice y revela que una de las ideas es convertir al ex Rocca en un conjunto de escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria y terciaria con orientación en cuidado del medio ambiente. “Los tiempos son cortos, pero la lucha la vamos a volver a dar”, rescata Zunino. Y concluye: “Esperanzas tengo”.  ♦

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